La Agencia Tributaria seguirá un camino diferente al de las recomendaciones de la OCDE, que ya han adoptado varios países, al evaluar el criterio de residencia fiscal con la presencia forzosa en territorio español por el coronavirus. La Dirección General de Tributos, órgano dependiente de Hacienda, ha publicado una consulta en la que deja claro que se contará todo el periodo pasado en territorio nacional para la exigencia de tributar en España, haya sido voluntario o involuntario. El criterio también afecta a situaciones de duda entre comunidades autónomas.

El Consejo de Gobierno dio luz verde ayer al uso obligatorio de la mascarilla de forma permanente a partir de hoy tanto en espacios abiertos como cerrados, y ante cuyo incumplimiento se fija una sanción de 100 euros. La mascarilla será incluso obligatoria también en los paseos por la playa, aunque no para los baños en el agua ni tampoco para estar en la arena en el espacio de la sombrilla, toldo o toallas de cada grupo, siempre que se mantenga la distancia de seguridad de un metro y medio. En el caso de las piscinas, se excluye también su uso en el baño y en la zona en la que se permanezca con distancia, pero será obligatoria para desplazarse por las instalaciones.

Andalucía se sumará la próxima semana a las comunidades autónomas, que como Cataluña o Baleares, han impuesto la obligatoriedad del uso de las mascarillas. La decisión la ha anunciado este sábado por la mañana el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, quien ha justificado la medida en la “turismofobia” que se ha evidenciado en varios municipios porque los turistas no la llevaban puesta, y en el “progresivo relajamiento” entre la población “después de cinco meses muy duros”.

Ya en fechas relativamente recientes informamos a nuestros lectores de las consecuencias de la vuelta a la actividad de aquellos contribuyentes que realizan actividades económicas tributando en IRPF por el régimen de estimación objetiva y al tiempo lo hacen (tributar) en el régimen especial simplificado de IVA: los conocidos como "Módulos". Nuestro comentario ¿Cómo vuelven a la actividad contribuyentes en módulos a efectos de IVA e IRPF?, se posicionaba a este respecto.

El Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, regula una prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por la crisis del coronavirus, ayuda que se ha prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2020 por el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, como ya hemos analizado en un artículo anterior.

Es evidente que en el momento en que nos encontramos la principal preocupación es si se cumplen los requisitos necesarios para recibir esta prestación y cómo solicitarla. Sin embargo, nos pueden surgir también dudas sobre su fiscalidad: ¿Está exenta? ¿Tributa como un rendimiento más en el IRPF? ¿Hay que incluirla en el modelo 130 de pago fraccionado del trimestre? Preguntas a las que damos respuesta a continuación.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Insst) ha lanzado una campaña contra el fraude en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) en la que, según el Ministerio de Trabajo, se incide en la protección y el uso responsable de los recursos públicos. Una campaña que arrancó hace varios días, según el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, que señala que el 11% de las empresas que han presentado un Erte han sido ya inspeccionadas o han recibido el aviso de una próxima visita. Y de las inspeccionadas, se ha instruido expediente sancionador al 8%.

La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf) ha enviado un comunicado al Gobierno solicitando la ampliación hasta el 30 de septiembre del plazo para la presentación de la declaración de IRPF 2019, así como de las cuentas anuales del Impuesto sobre Sociedades hasta noviembre.

El Tribunal Supremo, en dos recientes sentencias, ha modificado el criterio mantenido hasta la fecha por Hacienda y por su propia jurisprudencia en torno a la estimación del ajuar doméstico en el impuesto de sucesiones y donaciones. Según el artículo 15 de la ley que regula este tributo (la Ley 29/1987), el ajuar doméstico "se valorará en el tres por ciento del importe del caudal relicto (la masa hereditaria) del causante, salvo que los interesados asignen a este ajuar un valor superior o prueben fehacientemente su inexistencia o que su valor es inferior al que resulte de la aplicación del referido porcentaje".