La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf) ha enviado un comunicado al Gobierno solicitando la ampliación hasta el 30 de septiembre del plazo para la presentación de la declaración de IRPF 2019, así como de las cuentas anuales del Impuesto sobre Sociedades hasta noviembre.

El Tribunal Supremo, en dos recientes sentencias, ha modificado el criterio mantenido hasta la fecha por Hacienda y por su propia jurisprudencia en torno a la estimación del ajuar doméstico en el impuesto de sucesiones y donaciones. Según el artículo 15 de la ley que regula este tributo (la Ley 29/1987), el ajuar doméstico "se valorará en el tres por ciento del importe del caudal relicto (la masa hereditaria) del causante, salvo que los interesados asignen a este ajuar un valor superior o prueben fehacientemente su inexistencia o que su valor es inferior al que resulte de la aplicación del referido porcentaje".

El Gobierno ha trasladado a los agentes sociales un borrador de Real Decreto-ley en el que plantea extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) vinculados al coronavirus hasta que persistan las restricciones a la actividad y, en todo caso, hasta el 30 de septiembre. El borrador, que podría ver la luz en el Consejo de Ministros de este martes, responde a las demandas sindicales y empresariales de alargarlos hasta el 31 de diciembre. De momento, la regulación de estos ERTEs asociados a la covid-19 está vigente hasta el 30 de junio.

Aunque todavía se encuentre vigente el estado de alarma y no conozcamos cuantas más prórrogas del mismo se puedan aprobar, ya sabemos los plazos definitivos para la formulación, aprobación y depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2019, a realizar en 2020. Este hecho se debe a que el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19 ha desvinculado del fin del estado de alarma la reanudación de los plazos societarios suspendidos por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

El Tribunal Supremo ha cargado contra la comprobación masiva de la Agencia Tributaria de las dietas de los socios o administradores de las empresas que realizan, además, labores ejecutivas. El Supremo, en una sentencia de 18 de mayo de 2020, establece que estos directivos no están obligados a justificar sus gastos para acceder a la exención prevista en la normativa para estas retribuciones. El fallo recuerda que es la empresa la que debe acreditarlas.

El Gobierno ya prepara una nueva prórroga para la presentación de expedientes de regulación temporal de empleo por la crisis sanitaria del coronavirus. Después del acuerdo entre el Ejecutivo, la central y los sindicatos que permitió extender hasta el 30 de junio los ERTE, varios ministerios llevan semanas de contactos permanentes con representantes de diferentes sectores para ampliar el plazo hasta el 30 de septiembre en ámbitos económicos específicos. Una de las ministras que más avanzado tiene un acuerdo es Reyes Maroto, que ya ha confirmado a las grandes operadoras turísticas el respaldo de Moncloa a esa medida.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones y en coordinación con el Área de Comercio y Fomento de la Actividad Empresarial, ha presentado este el sello “Málaga, safe for you”, un distintivo con el que se identificará a los establecimientos que siguen los protocolos de seguridad higiénico-sanitaria que garantizan a malagueños y visitantes que Málaga es una ciudad segura.

¿Puede acreditar la caída de la actividad en un 75% en marzo? Varias mutuas colaboradoras de la Seguridad Social ya están pidiendo a los autónomos que solicitaron la prestación extraordinaria por cese de actividad la documentación que acredite la pérdida de facturación superior al 75% en el mes de marzo de 2020. De no hacerlo se insta a desistir de la prestación, devolviendo los importes percibidos, o al menos, a modificar la solicitud para que se tenga en cuenta la reducción de la facturación en el mes de abril y en consecuencia se reconozca la prestación a partir de entonces y no desde que se decretó el estado de alarma (14 de marzo de 2020).