Empresas, pymes y autónomos que solicitaron avales ICO para sobrevivir a la pandemia y se acogieron hace un año a la posibilidad de extender por doce mes el inicio de la devolución afrontan en dos semanas el fin del periodo de carencia. Compañías y autónomos coinciden: la actividad no se ha recuperado, los costes han crecido con la inflación y el encarecimiento de la energía y la guerra de Rusia ha llegado para añadir más incertidumbre a la economía. Ante este escenario, piden al Gobierno que vuelva a ampliar el periodo de carencia hasta dos años más.

Las alegaciones de los interesados -cónyuges- se sustentan en afirmar que existieron dos transmisiones de una finca rústica, una en el momento en que se firmó el contrato de compraventa (2005) y otra en el momento en que se resolvió el contrato (2013).

El Gobierno ha presentado a las organizaciones de autónomos una propuesta de 13 tramos de cotización. ATA denuncia que no está basada en ingresos reales y que generará “desigualdades”.

La negociación para la reforma del sistema de cotización de los autónomos que permita cotizar por ingresos reales no ha arrancado con buen pie. Este jueves, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta de 13 tramos de cotización, que van entre 184 y 1.267 euros mensuales, que no convence a las organizaciones representativas. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha asegurado que el nuevo sistema no es “progresista”, ya que aumentará las desigualdades entre los trabajadores por cuenta propia dado que no contempla los gastos de su actividad, sólo los ingresos de la misma.

El Consejo de Ministros ha aprobado el bono de alquiler para personas jóvenes que se anunció en el mes de octubre y para el cual el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado un presupuesto de 200 millones de euros.

Estos documentos oficiales certifican ciertos hechos fiscales, que pueden servir a pymes y autónomos para ciertos trámites y gestiones. Los certificados tributarios para autónomos son documentos oficiales que emite la Agencia Tributaria, para acreditar ciertos hechos relacionados con la fiscalidad de los trabajadores por cuenta propia.  Los más comunes son: 

A partir de ahora, será el contribuyente quien deberá probar el error del valor de referencia

Desde el pasado 1 de enero, las reglas de juego en lo que respecta a la valoración de los inmuebles a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) y al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) han cambiado.

El reglamento de facturación que propone Hacienda pretende que todos los programas que usen los negocios para emitir facturas deban incluir un código QR. A través de él, los clientes podrían verificar si están bien contabilizadas y si el autónomo cumple sus obligaciones con Hacienda.

A partir de ahora, será el contribuyente quien deberá probar el error del valor de referencia

Desde el pasado 1 de enero, las reglas de juego en lo que respecta a la valoración de los inmuebles a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) y al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) han cambiado.
En concreto, antes de la reforma legal operada por Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, la base imponible de los mencionados tributos hacía referencia al concepto jurídico indeterminado del valor real de los inmuebles, que se asimilaba al valor de mercado. No obstante, bajo la finalidad de terminar con la alta litigiosidad del sistema, a partir del pasado 1 de enero, el valor real se ha sustituido por el valor de referencia, que es una valoración individualizada por inmueble elaborada por la Dirección General del Catastro.