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El Consejo de Ministros aprobará este martes la nueva prórroga de los Ertes hasta el 31 de enero, independientemente de que la patronal -que se reúne a primera hora de la mañana para decidir su posición- no se sume al preacuerdo que sí han alcanzado al respecto el Gobierno y los sindicatos mayoritarios. La fecha es inaplazable, ya que la normativa que regulaba los Erte vinculados al coronavirus expiraba este miércoles 30 de septiembre.

El pasado 22 de septiembre se publicó en el BOJA extraordinario núm. 58 (pinche aquí para acceder) medidas de apoyo al sostenimiento de la actividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas afectadas por la situación ocasionada por el Covid-19,

El modelo laboral de las plataformas digitales de reparto, asentado en autónomos, ha sufrido un golpe durísimo este miércoles. El Tribunal Supremo ha fallado que los repartidores riders son asalariados. O dicho desde el otro lado de la regulación: son falsos autónomos.

El Consejo de Gobierno aprobó un decreto ley con carácter extraordinario de medidas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en los pequeños autónomos, especialmente los dedicados al ocio nocturno e infantil, muchos de los cuales se ven abocados a cerrar su actividad por la pandemia. El decreto contempla ayudas de 900 a 1.200 euros para el pago de los arrendamientos o alquiler de los negocios a los que tienen que hacer frente.

Según el escrito, el empresario deberá firmar un acuerdo con el empleado y asumir los gastos en el domicilio. Gobierno y agentes sociales alcanzan un preacuerdo para regular el teletrabajo en el sector privado.

La Dirección General de Tributos se ha pronunciado sobre el hecho de haberse dado de baja en este registro de empresarios durante la pandemia.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han recomendado este miércoles a los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (Erte) que soliciten al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que retenga el IRPF o a sus propias empresas que realicen un ajuste y apliquen una mayor retención para evitar "sustos" en la próxima declaración de la renta.

Inspección de Trabajo ha resuelto que la empresa de Seguros Santalucía deberá pagar al Régimen General de la Seguridad Social un total de 1.326.304 euros correspondientes a las cotizaciones pendientes de su personal desde octubre de 2015 hasta enero de 2020.