NOVEDAD FISCAL IMPORTANTE PARA 2009

La normativa publicada a final de año ha introducido diversas modificaciones en materia fiscal, entre las cuales le anticipamos algunas de ellas:

  • Se ha reducido de dos años a uno el plazo de espera para poder recuperar el IVA de los impagados. ¡Atención! Si tiene impagados en los que ha pasado más de un año y tres meses, pero menos de dos años (plazo que se cuenta desde la fecha de la operación, no desde el vencimiento), revíselo:  tiene hasta el 26 de marzo del 2009 para cumplir los requisitos previstos por la ley y recuperar dicho impuesto.
  • Se crea, para los ejercicios 2009 y 2010, un régimen de libertad de amortización con mantenimiento de empleo aplicable a todas las empresas (no sólo a las pymes) que realicen inversiones en dichos ejercicios y mantengan el volumen de plantilla (no es necesario que lo incrementen como hasta ahora).

Solbes eliminó en 2006 un beneficio fiscal de los profesionales introducido por el PP. Ahora lo recupera y limita así la posibilidad de que los inspectores cuestionen los ingresos de abogados, economistas u otras actividades liberales.

Mediados de 2006: El proyecto de reforma fiscal lanzado por el vicepresidente Solbes hace desaparecer una medida, introducida por el PP en 2003, que protegía a los socios frente a la Inspección. Este blindaje ante el Fisco se traducía en un límite al control de sus remuneraciones. El cambio afectaba a abogados, economistas, arquitectos, ingenieros y demás actividades liberales, que perdieron el blindaje frente a la Inspección fiscal.

Noviembre de 2008: El mismo vicepresidente recupera el denostado –dos años antes– privilegio fiscal, haciendo que los ingresos obtenidos por los profesionales de las sociedades resulten más difícilmente cuestionables por los inspectores fiscales.

Estos polémicos cambios afectan a una ventaja fiscal más que relevante: se trata de una regla especial por la que la contraprestación que recibe un socio por un servicio o trabajo realizado para su despacho -consultora, bufete, auditora, firma de ingenieros, etc.- se considera oficialmente que, a efectos fiscales "coincide con el valor normal de mercado [criterio que exige Hacienda para considerar que no se ha cometido fraude]". O, lo que es lo mismo, que se generaba un mecanismo de blindaje frente a la Inspección: se impedía a la Agencia Tributaria la posibilidad de cuestionar las remuneraciones de los profesionales bajo el argumento de que estaban falseados para reflejar cuantías inferiores a las realmente recibidas, con el consiguiente alivio fiscal para el profesional (ver EXPANSIÓN del 10 de abril de 2006).

Pedro Solbes decidió acabar con ello con la convicción de que este beneficio podía estar escondiendo un mecanismo de privilegio fiscal injustificado. El 1 de enero de 2007 entró en vigor, así, la erradicación de ese beneficio fiscal.

Requisitos

El nuevo redactado introducido por el Gobierno vuelve a generar el privilegio fiscal de los profesionales, según el texto: "[…] El obligado tributario podrá considerar que el valor convenido coincide con el valor normal de mercado cuando se trate de una prestación de servicios por un socio profesional, persona física, a una entidad vinculada". Para ello se imponen, eso sí, una serie de requisitos: "Que la entidad sea una de las previstas en el artículo 108 de la ley del impuesto [donde se recogen las sociedades profesionales con cifra de negocios neta inferior a 8 millones de euros], que más del 75% de sus ingresos del ejercicio procedan del desarrollo de actividades profesionales, cuente con los medios materiales y humanos adecuados y el resultado del ejercicio previo a la deducción de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la prestación de sus servicios sea positivo".

Además, se exige que "la cuantía de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la prestación de sus servicios a la entidad no sea inferior al 85% del resultado previo a que se refiere la letra A [que es el primer requisito enumerado]".

Y, por último, que "la cuantía de las retribuciones correspondientes a cada uno de los socios-profesionales cumpla los siguientes requisitos:

1-Se determine en función de la contribución efectuada por estos a la buena marcha de la sociedad, siendo necesario que consten por escrito los criterios cualitativos y/o cuantitativos aplicables.

2- No sea inferior a dos veces el salario medio de los asalariados de la sociedad que cumplan funciones análogas a las de los socios profesionales de la entidad. En ausencia de estos últimos, la cuantía de las citadas retribuciones no podrá ser inferior a dos veces el salario medio anual del conjunto de contribuyentes […]".

Los inspectores y expertos consultados por EXPANSIÓN aseguran que los requisitos no impiden la recuperación del beneficio fiscal para los profesionales de firmas de tamaño considerable –que suelen ser las que más retribuciones distribuyen– aunque puede quedar ajeno a firmas más pequeñas, donde no se retribuye en esa proporción.

Las claves del 'blindaje'

- ‑¿Cuál es el régimen fiscal de los despachos de profesionales? Se rigen por una regla especial que establece que la contraprestación que recibe un socio por un servicio realizado para su despacho “coincide con el valor normal de mercado”. Esto supone blindar a estos profesionales frente a la Inspección fiscal, ya que se cierra la posibilidad de que esas remuneraciones sean revisadas por Hacienda.

- ‑¿Desde cuándo está vigente? Este beneficio fiscal a las sociedades de profesionales fue aprobado en la segunda reforma fiscal del PP (en 2003). El Gobierno socialista lo eliminó en 2006, pero lo recupera ahora.

- ‑¿A qué sociedades afecta? A aquellos despachos de profesionales formados por abogados, economistas, arquitectos, ingenieros o cualquier tipo de actividad liberal.

- ‑¿Por qué se aprueba este sistema especial? El objetivo fue dar cierta seguridad a los despachos de profesionales tras la eliminación del régimen de transparencia fiscal. Se entendió que determinar el valor verdadero de mercado de los servicios de estas sociedades sería demasiado complicado y fuente de litigios.

- ‑¿A qué tipo de remuneración afecta? A las contraprestaciones que reciben los profesionales de un despacho al que pertenecen de manera habitual por un servicio o trabajo. La práctica habitual es que un profesional que alcance la categoría de socio haga una aportación de capital dentro de su despacho, cuyo beneficio es el que genera el propio trabajo de los socios. A ese beneficio total se le descuentan los salarios de los empleados, gastos de administración y, a grandes rasgos, todos los costes generales. El montante restante se reparte entre esos socios, pues se supone que es lo que han generado con su actividad. Así, ese reparto se entiende como la contraprestación que los profesionales facturan por su trabajo al despacho.

- ‑¿Hay alguna otra forma de regularlo? Sí, como quería hacer el Gobierno en 2006. En vez del régimen especial (que equipara la contraprestación que recibe el socio al valor normal de mercado) , se pueden aplicar las regalas generales para las operaciones vinculadas, afectando a la relación entre la sociedad y los socios. Con esta regulación, la Inspección podía sancionar a la sociedad si entiende que la valoración de las contraprestaciones realizadas a los profesionales no es la que atestigua la firma.

(Noticia extraída de Expansión)

MADRID.- El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha afirmado que la rebaja fiscal a los miembros de la cúpula de bancos y cajas y a sus famillias es un "tema menor" y que el cambio legislativo se realizó para "corregir una anomalía".

"Si usted trabajaba en un banco A y dejaba el depósito en un banco B, pagaba un 18%, y si lo dejaba en el mismo banco pagaba un 43%", ha explicado Solbes para argumentar el cambio, revelado por EL MUNDO este jueves, en una entrevista para la Cadena Ser.

Miembros del Gobierno conocieron este jueves la medida que ellos mismos aprobaron hace mes y medio a través de la información al respecto publicada por este periódico, informa Carlos Segovia. Su reacción fue de malestar por ser la rebaja fiscal un tema muy sensible para la opinión pública y que debía, al menos, haber sido discutido en el Consejo de Ministros, según opiniones recabadas por este diario.

En concreto, el Gobierno utilizó un Real Decreto del 3 de noviembre de prevención del fraude fiscal para rebajar la fiscalidad de los grandes accionistas de los bancos, los miembros de sus cúpulas, sus altos ejecutivos y toda su familia incluyendo tíos y sobrinos.

Todos ellos podrán tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al tipo reducido del 18% en vez de al del 43% que, normalmente, les correspondía hasta ahora. La rebaja se centra en las rentas de capital mobiliario que reciban de sus propias entidades.

Por ejemplo, cuando se trate de los intereses que logren en sus cuentas y depósitos, o el rendimiento que les generen las compras de bonos, cédulas, obligaciones o préstamos que realicen. La medida tiene efectos retroactivos al 1 de enero de 2008.

Crisis y más crisis. Cuanto más se habla de ella, más se hace presente. En un círculo vicioso en el que parece difícil encontrar la salida, las familias españolas ven cómo aquello que antes se habría recibido con gran algarabía -bajada del Euribor y, en consecuencia de las hipotecas, y caída de la inflación- apenas es un consuelo.

Hace unos meses, los españoles vivían muy 'apretados' debido a la fuerte subida de los precios -la inflación alcanzó en julio el 5,3%- y el encarecimiento de las hipotecas -el Euribor superó el 5% en verano, su récord histórico-, lo que dejaba poco margen a una población muy endeudada por años de excesos de 'boom' inmobiliario.

Pero entonces llegó en septiembre la crisis financiera desatada en EEUU y su propagación a ritmo de vértigo a la economía real -para entendernos: paro, crecimiento económico, consumo, etc.- de gran parte de los países del planeta.

En este contexto, las ansiadas caídas de la inflación -es muy posible que este mes descienda hasta el 2,6%- y del Euribor -ya está en el 4%- no van a estimular el consumo -el motor de crecimiento de la economía española hasta hace poco y que se ha parado en seco- como se esperaría, al menos a corto plazo.

¿La razón? Para consumir es necesario tener confianza en la situación económica y con el paro subiendo a ritmos récord y las continuas noticias negativas sobre la economía, el ánimo está muy, muy bajo.

"Hay que darle tiempo al tiempo, no podemos esperar que bajen los tipos de interés y que suba el consumo al instante. Los consumidores están preocupados por el entorno económico, la subida del paro y la contención de los salarios, la caída de su renta por el descenso de las Bolsas y el deterioro de la vivienda", afirma José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España.

El desplome de la venta de coches es uno de esos indicadores claros de que los españoles no ven nada claro su futuro económico o laboral, con lo que están aplazando la decisión de adquirir bienes. Esto acaba por dañar el crecimiento económico en una espiral de complicado arreglo porque ese menor consumo hace también que aumente el paro y se reduzca el crecimiento.

"Los parados consumen menos y el vecino de al lado también porque teme perder su trabajo", explica Rafael Pampillón, profesor de Economía de IE Business School.

Tampoco ayuda a mejorar la situación que la crisis financiera haya restringido el crédito concedido por los bancos después de años en los que conseguir financiación había sido extremadamente fácil.

Sin perspectivas de mejora
En esta situación, todavía no se ve cerca una salida a la crisis ni tampoco una recuperación del consumo a corto plazo, pese a las medidas extraordinarias tomadas en la mayoría de los países desarrollados y que se han supuesto desembolsos millonarios.

"Esperamos que el consumo toque suelo en los próximos meses, pero no habrá signos de mejora evidentes hasta 2010", explica Martínez Campuzano.

Por su parte, Pampillón alude también al concepto de efecto pobreza, uno de los factores que influyen en el consumo, según demostró el economista Franco Modigliani, premio Nobel de Economía en 1985.

En este caso, los españoles se ven cada vez 'más pobres' y consumen menos debido a la caída de su renta por el desplome de las Bolsas -el Ibex ha perdido más de un 40% en el último año-, algo que se deja notar también en fondos de inversión y de pensiones, y la pérdida de valor de sus casas.

Precisamente, este mismo jueves se han publicado las ventas en los comercios, que han registrado su séptimo descenso consecutivo, otro indicador meridiano de que el consumo vive malos tiempos.

"Al Gobierno no le quedará más remedio que rebajar el Impuesto de Sociedades para fomentar la inversión empresarial y reducir el IRPF para dejar más renta disponible a las familias para que consumen y ahorren", explica Pampillón.

El economista ve inevitable que el gasto público aumente y que tire de la economía con el objetivo también de intentar cambiar el modelo económico con mayor inversión en infraestructuras, redes de telecomunicaciones y formación.

Pero si algo puede sorprender también a los ciudadanos españoles es que ya se comience a hablar del riesgo de deflación, es decir, la caída de los precios y el fenómeno inverso a la inflación.

Producido por la falta de demanda, la deflación es muy perjudicial para la economía porque los consumidores pueden aplazar aún más sus compras debido a que esperan a que los precios sigan bajando, lo que acaba por afectar duramente al crecimiento económico. De hecho, la vertiginosa caída de la inflación en los últimos meses tiene mucho que ver con el descenso del consumo.

Incurrir en impagos no es delito, pero sí puede acarrear responsabilidades civiles y ocasionar un auténtico quebradero de cabeza al ciudadano, desde la reclamación de la deuda por parte del acreedor hasta la interposición de demandas judiciales.

La crisis económica ha obligado a grandes entidades y a pequeños comercios a echar el cierre, pero también ha hecho naufragar la economía de algunos hogares hasta el punto de no poder hacer frente a las deudas. La pesada carga de las hipotecas y la subida de la inflación, unidos a la creciente dificultad para refinanciar las deudas, han llevado la tasa de morosidad a su mayor nivel en 10 años. En el último año, se ha multiplicado por cuatro y roza ya el 3%.

Por esta razón, es importante conocer las consecuencias y ciertos consejos que evitarán males mayores. Que no se pueda ir a la cárcel al no ser un delito no significa que se perdonen las deudas. De hecho, si una persona no cumple con sus pagos, el acreedor puede ir más allá de una simple reclamación de la cantidad debida e interponer una demanda que abriría la vía judicial y que podría terminar en un embargo de bienes.

No saldar las deudas también puede dificultar que la persona acceda a créditos en el futuro. "En paralelo al procedimiento judicial, o antes, entrará en la lista de morosidad", explica Alejo López Mellado, socio responsable del Departamento Concursal de Cuatrecasas. "Existe. No es pública pero sí compartida. Los bancos actúan sobre el Registro de Aceptaciones Impagados para su financiación", añade.

Qué hacer si no se paga la hipoteca: Actuar a tiempo es esencial en caso de no poder hacer frente a alguna mensualidad de la hipoteca. Ante esta situación resulta aconsejable, incluso si la economía mejora y se puede saldar las deudas, seguir una serie de pasos con el fin de evitar que vuelva a suceder en el futuro. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda negociar con el banco una ampliación del plazo de devolución o una rebaja del tipo de interés con el fin de evitar que se cobre la deuda con la venta de la vivienda. Normalmente, la entidad "da alguna oportunidad para ponerse al día" y no da por vencida la deuda -lo que obliga a la devolución de todo dinero prestado inmediatamente- o ejecuta un embargo sin más.
Cómo actuar ante un embargo: La legislación contempla una figura jurídica a la que pueden acogerse todos los particulares y empresas que no tengan liquidez suficiente para hacer frente a sus créditos. Se trata de la Ley Concursal. Por ejemplo, si una persona no tiene recursos que le permitan rehabilitar su hipoteca y está a la espera de que el banco subaste su vivienda puede declararse en concurso y parar así todas las acciones emprendidas por los acreedores para cobrar las deudas.
Ante un embargo previsible hay que tener en cuenta ciertas prácticas que sí pueden acarrear una sanción penal. Es el caso de vender un bien a un precio que no es razonable antes de que se produzca la subasta de la vivienda, lo que se conoce como alzamiento de bienes. "La ley nueva dice que no hace falta que se lleve a cabo la ejecución del embargo para que esta práctica tenga un riesgo penal. Basta que el encargo sea previsible", explica López Mellado.

Si el deudor mejora su situación económica también puede detener el embargo de su vivienda. Para ello, puede depositar "en el jugado el capital pendiente de devolver más los intereses de demora y los gastos de procedimiento", señala la OCU. "Otra opción es devolver sólo las cuotas atrasadas, más los intereses de demora y las costas".

Cómo declararse en 'quiebra': Para abrir un concurso, la persona debe hacer un listado de aquellos bienes con los que podría hacer frente a la demanda. También deberá detallar todos sus acreedores, las deudas que tiene y la fecha de vencimiento de cada una. Una vez recabada esta información deberá presentarla en el juzgado de lo mercantil correspondiente.
Este procedimiento es "como un tiempo muerto en un partido, ya que para todas las demandas, las ejecuciones de embargo o el devengo de intereses", indica López Mellado. En su opinión, es conveniente pensar en esta opción como "una fórmula de reflotamiento personal y empresarial" y olvidar "el estigma" que se asocia a la 'quiebra'.

Recurrir a esta solución, en vez de dejar que la economía personal se deteriore aún más, puede evitar numerosas dificultades. El paréntesis que permite la Ley Concursal está pensado para que una persona alcance un acuerdo con sus acreedores sobre un aplazamiento o una reducción de la deuda. En todo caso, la legislación no permite reducciones superiores al 50% de los créditos y esperas que excedan el plazo de cinco años. "Si no se alcanza un acuerdo, se procederá a la liquidación del patrimonio del deudor", matiza Borja García-Alaman, socio de Garrigues.

El coste de esta fórmula es su principal inconveniente. "Hay que pagar a un abogado, un procurador y a uno o varios interventores dependiendo del volumen de la deuda", opina López Mellado. A ello hay que sumar el coste de publicar en el BOE y en prensa la declaración del concurso. "En total, no menos de 15.000 euros", estima la OCU.

Cómo proteger la economía familiar en el futuro: La OCU sugiere una actitud de prevención a la hora de contratar nuevos préstamos. "Si pide un préstamo de tipo variable, no olvide que habrá épocas de subidas, como las de los últimos meses, y que debe poder afrontar cierto exceso sobre la cuota inicial". Asimismo, es recomendable que los plazos no sean muy largos -no más de 25 años- porque "se está mucho más expuesto a las subidas de tipos de interés". Si a pesar de estas previsiones, una persona atraviesa dificultades económicas, las organizaciones aconsejan no recurrir a empresas reunificadoras de créditos, que actúan de intermediarias entre el deudor y el banco y cobran elevados intereses por ello.