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Acaba de aprobarse el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, y el contenido más publicitado del mismo es, sin duda alguna, la obligación de establecer en las empresas un registro retributivo de toda la plantilla

Gestha ve un "enorme potencial" recaudatorio en lucha contra el fraude y propone cambios en Sociedades e IRPF. Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ven un "enorme potencial recaudatorio" en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, después de que el Plan Presupuestario de 2021 remitido ayer por el Gobierno a la Comisión Europea recogiera que gracias a las medidas antifraude podrían ingresarse "apenas" unos 830 millones de euros en 2021.

El Gobierno tiene previsto retrasar los cambios en el impuesto sobre sociedades a después de 2021, aunque incluirá ajustes tributarios en los presupuestos del año que viene para las rentas más elevadas y para los grandes patrimonios.

Ya se han producido las primeras multas a empresas por fraude en los ERTE. La Inspección de Trabajo ha sancionado a 1.755 compañíaspor cometer irregularidades en la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo, como ha adelantado Público y confirman fuentes del Ministerio de Trabajo. Se trata del 10,7% de las 16.434 empresas investigadas y cuyas actuaciones han finalizado. 

La Ley del IRPF recoge la posibilidad de que un autónomo pueda deducirse los salarios del cónyuge y de los hijos del autónomo. Pero, para que Hacienda admita esta deducción, es necesario que se den de alta bajo una fórmula concreta.

La segunda ola de la pandemia de Covid-19 y las medidas restrictivas de aforos, horarios y cierres perimetrales están golpeando a la economía en general y a los pequeños negocios en particular. Así, según el barómetro de opinión que elabora la asociación de autónomos ATA, prácticamente el 10% de este colectivo prevé que tendrá que cerrar su negocio como consecuencia de este empeoramiento de la situación económica. Esto supondría que unos 300.000 autónomos creen que tendrán cesar su actividad definitivamente.

A partir de noviembre decae la obligación de mantener los puestos de trabajo durante seis meses para muchas empresas que se acogieron a un ERTE a finales de abril o principios de mayo. En este sentido, según relatan los abogados laboralistas, las consultas sobre las condiciones legales para llevar a cabo despidos colectivos han aumentado conforme el panorama iba alejando la esperanza de una recuperación a corto o medio plazo.

Esta desequilibrada relación desanima a los contribuyentes de forma que muchas veces “tragan” y acatan lo dicho por Hacienda: pagan y no recurren.